La regulación de la publicidad gubernamental en México

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Los criterios asumidos por la administración pública federal mexicana para la divulgación de las actividades gubernamentales a través de los medios de comunicación, ha sido un tema de constante polémica en los últimos años, teniendo especial impacto en el ámbito legislativo, pues no hay leyes que garanticen la aplicación imparcial de recursos públicos en lo que al uso y contratación de publicidad gubernamental respecta. 

Dentro de este proceso, el gobierno mexicano gasta una enorme cantidad de recursos por concepto de pagos realizados a medios de comunicación y agencias publicitarias para la difusión de sus spots, campañas, programas,entre otros, pese a que su trasmisión a través de los medios de comunicación no le cuesta debido a la utilización de los tiempos oficiales.

Por ley, el Estado cuenta con 30 minutos diarios de transmisión gratuita para la difusión de sus mensajes a la población, disponibles en todas las estaciones de radio y canales de televisión abierta .

El artículo 134 constitucional establece que la obligación de los servidores públicos es aplicar con imparcialidad el erario público y prohíbe la propaganda personalizada; sin embargo, dicho precepto no está regulado, pues carece de criterios para definir éste gasto, ya que ni siquiera existe una diferenciación entre los conceptos de campañas informativas y publicidad gubernamental.

Tan sólo en 2016, se reportó un gasto del gobierno federal por ocho mil 500 millones de pesos en campañas de publicidad. En este contexto, resalta la ausencia de un marco normativo que otorgue transparencia y claridad a los fondos públicos destinados a publicidad, promueve decisiones arbitrarias y facilita el uso de la pauta oficial como instrumento de presión política.